Cuando caminamos por un bosque buscamos aquella senda que otros han transitado antes que nosotros. Puede que existan diversos caminos desbrozados, pero, si queremos llegar a nuestro destino con rapidez, escogemos el hollado por más caminantes. Con ello contribuimos a que otros, que vendrán después, puedan caminar con más facilidad. Nadie nos impide coger cualquier otro camino o abrir uno nuevo. Pero no podemos obligar a los otros a escoger nuestra ruta para que nosotros podamos caminar más cómodamente. Lo importante es que a nadie le impidan caminar por donde quiera y que a nadie le obliguen a transitar por donde no quiera.
Según los economistas, lo mismo sucede cuando utilizamos una tarjeta de crédito, un sistema de vídeo, una moneda, un sistema métrico, una compañía de teléfonos o un ordenador. Y una lengua. En tales casos se dan economías de red: se tienden a consolidar los sistemas con más usuarios. Estos procesos, como tales, nada tienen que ver con el mercado o el capitalismo, la competencia perfecta o los monopolios. Actúan del mismo modo el campesino que opta por un sistema de pesas y medidas, el que rotula su comercio o sus productos en una lengua, la multinacional que hace uso del correo electrónico o nosotros cuando compramos un reproductor de vídeo o un ordenador. En eso, tenderos, monopolios y consumidores no difieren del caminante. Lo único que aspiran es a acceder a aquella red que dispone de más usuarios. Con ello, sin pretenderlo, contribuyen a reforzar la red y a facilitar la llegada de otros. Quienes optan por otros sistemas ven limitadas sus opciones, pero no pueden reprochar nada a quienes no siguen su camino. Es cierto que sus dificultades tienen que ver con las elecciones de los otros, pero nadie les ha impuesto nada, ni nadie ha hecho nada con la intención de perjudicarles. Cada cual ha escogido libremente su camino y, como resultado de esas elecciones, sus posibilidades quedan limitadas.
Sin duda, las lenguas presentan aspectos especiales. Pero no estoy seguro de que sean los que con frecuencia se alegan. Desde luego, la idea de que la lengua es algo más que un instrumento de comunicación no es un argumento que justifique interferir tales procesos. Si con ello se quiere decir que la lengua condiciona nuestro mundo de experiencias, la idea es sencillamente falsa. Que tú y yo utilicemos palabras distintas para designar el dolor de cabeza, o incluso que en mi lengua no exista una palabra para designar ese dolor, no quiere decir que nuestra experiencia sea distinta. Si sólo se quiere decir que la lengua es algo más que comunicación, la idea es trivial. Todo proceso material presenta diversos aspectos. Una comida es un proceso metabólico, pero también puede ser un acto social. Ahora bien, si deja de ser un proceso metabólico deja de ser una comida. Aunque puede dejar de ser un acto social sin dejar de ser una comida. En el mismo sentido, una lengua es, fundamentalmente, un vehículo de comunicación. En algunos casos puede comprometer dimensiones cognitivas. Pero ni siquiera es seguro que en ese sentido las lenguas resulten excepcionales. Basta con pensar en las monedas. Cuántos de nosotros andamos traduciendo a pesetas nuestros intercambios diarios.
Para valorar la situación resulta decisivo saber cómo ha sido el proceso. Si en una fiesta todos se van emparejando y, al final, sólo quedan un par de personas que no tienen otra opción que emparejarse, éstos podrán lamentar su situación, pero no tendrán razones para culpar a los demás, por más que sea resultado de sus acciones. No es lo mismo que a Anna no le quede otro remedio que casarse con Juan que el que se le imponga casarse con Juan. El procedimiento cuenta. En un caso se respetan los derechos, en el otro, no.
Desde el punto de vista normativo, lo que importa es que, en esos procesos, en esas elecciones, se respeten los derechos. Si a una persona se le impide expresarse en su lengua, abrir un periódico, o escribir un libro, su libertad está siendo cercenada. Lo que resulta más discutible es que le tengan que asegurar unos interlocutores o lectores. Entre otras razones, porque eso supondría obligar a otros a leer o a escribir en su lengua. Supondría limitar los derechos de los demás. Obligarles a caminar por las sendas que no desean. Anna tiene derecho a casarse, pero no tiene derecho a casarse con quien quiera. Entre otras razones, porque también Juan tiene que poder escoger y quizá Anna no le guste.
Hablar de derechos no es decir mucho en tiempos en los que toda reclamación se formula en términos de derechos. De hecho, cuando se producen procesos como los descritos, que tienden a reforzar unas lenguas y debilitar otras, no es infrecuente escuchar apelaciones a los derechos “de las culturas” que se verían minados. Por ello, en el caso de las lenguas conviene precisar qué derechos, en dónde y de quién. Por lo pronto, los derechos que cuentan son los de las personas. Las culturas o las lenguas, como tales, no son sujetos de derecho. Los que sufren, aman y sueñan son las personas, no las culturas. La diferencia es importante. Si uno cree que hay un derecho de las culturas, para preservar la lengua cherokee, que sólo hablan el 8% de los cherokees, habría que convertirla en obligatoria en la enseñanza y, seguramente, dado el escaso número de cherokees, extenderla más allá de sus territorios. Si lo que nos preocupan son los cherokees, hay que darles la oportunidad de que estudien cherokee si lo desean y también la oportunidad de estudiar el inglés, la lengua que habla el 92% de ellos, la lengua de facto de la mayoría de ellos. La lógica de los caminos invita a pensar que los cherokees que deseen ampliar sus opciones vitales, estar informados, conocer otras gentes, viajar o intentar nuevos oficios, preferirán el inglés. Mientras cada cual pueda escoger su camino, que vaya por donde quiera.
También es importante enmarcar el ámbito territorial de aplicación. Basta con pensar en ese impreciso valor del “reconocimiento” que a veces se invoca en España o en Europa. Se puede entender en un sentido puramente simbólico, pero eso, en la práctica, no quiere decir nada, apenas unos cuantos documentos que, en el mejor de los casos, intercambian las administraciones. Cuando se formula con mayor exigencia, parece exigirse que las instituciones estén en condiciones de atender y de reflejar los usos lingüísticos de todos los ciudadanos en todos los lugares. Si así fuera, los cherokees deberían poder ser atendidos en cherokee en cualquier comisaría de Estados Unidos o podríamos reclamar en castellano a un Ayuntamiento polaco por una multa de tráfico o a uno de un pueblo de Córdoba en catalán. Eso y no otra cosa significa, en la práctica, que una lengua sea oficialmente reconocida. No estoy seguro de que resulte una aspiración razonable mientras los recursos no sean infinitos.
Finalmente, los derechos, en el ámbito territorial de aplicación, han de valer para todos, es decir, para cada uno. Aquí también se percibe el contraste entre los derechos de las personas y los de “los pueblos”. El ejemplo de Québec, que pocas veces se recuerda en todos los datos, resulta revelador. Allí la lengua -”la cultura”- mayoritaria es el francés. En ese sentido, la defensa de “la cultura” de la comunidad no se aleja en exceso de la defensa de los derechos de cada uno. Pero no por ello deja de ser una dictadura de la mayoría. Si en España se aplicase el mismo criterio, y en cada una de las autonomías, por ejemplo, la enseñanza se impartiese en la lengua mayoritaria, el castellano sería la lengua exclusiva de la enseñanza. Una propuesta que violaría los derechos de muchas personas, a las que se les impediría escoger su propio camino. Con más razón, pero por el mismo principio, resulta discutible la política aplicada en las comunidades autónomas “dotadas de identidad propia”.
En el caminar de las lenguas, mientras se respeten los derechos, no hay nada que lamentar. Algo que no sucedió durante la dictadura, cuando se obligó a todos a caminar por la senda del castellano, sin que pudieran escoger su propio camino. Con todo, eso no impide reconocer que la expansión del castellano en España tiene menos que ver con la dictadura que con el mecanismo de las sendas. En el siglo XV, Castilla, que incluía Galicia, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, tenía 4,5 millones de habitantes, y la Corona de Aragón, 850.000. En esas condiciones no resulta extraño que el castellano se extendiera y se mantuviera como lengua común y que prácticamente desde el siglo XVI la utilizaran el 80% de los peninsulares. Los flujos económicos, los movimientos de poblaciones, el transitar por los mismos caminos, han acabado por producir un entramado de “identidades” que hace imposibles las tareas purificadoras. Todos somos mestizos de pura cepa. La investigación empírica fiable, la existente y la que hay en curso, confirma que el barro con el que estamos amasados los españoles -y la pista de los apellidos resulta muy elocuente- no presenta muchas variaciones. En realidad, cuando las cosas se miran y se miden en serio, Lugo y Huesca son las provincias con una identidad cultural más alejada de la media española, las de mayor “identidad propia”. En esas condiciones, las invocaciones a la identidad de los pueblos, que poco se parecen a la identidad de los ciudadanos, sólo se pueden hacer a costa de socavar los derechos de los ciudadanos, de meterlos en vereda. A ellos y a unas poblaciones emigrantes que, bien por su cultura de origen, bien por su razonable disposición a desenvolverse en lenguas laboralmente francas, refuerzan día a día las sendas más transitadas.
( El País el 28 de febrero de 2005)
Un poco de aire ante la Inmersión lingüística
De nuevo el nacionalismo con los tambores de la catástrofe. Nadie propone que el catalán deje de ser vehicular ni la separación de niños por lenguas, sino la simple aplicación de sentencias del Constitucional y del Supremo, que avalan una tibia educación bilingüe. Siempre atenta a las inquietudes del poder local, la disciplinada sociedad civil no falta al enésimo toque de corneta. Se fotografían indignados los rectores de Universidad y desde el AMPA, con siglas independentistas, se convoca por correo electrónico a los padres a manifestaciones. Entretanto, a diferencia de lo que sucede en Madrid, con imperturbabilidad budista se digieren recortes y privatizaciones de un Gobierno autónomo que no tiene pudor en decir, por boca de su consejero de Salud, que “no hay un derecho a la salud, porque depende del código genético de la persona”. Será el hecho diferencial.
A la izquierda catalana le falta tiempo para apuntarse. Algo inexplicable. Desde 1953 la educación en lengua materna es un derecho reconocido por la Unesco y, entre nosotros, el bilingüismo era el modelo de la República, incluido el Estatuto de Nuria, y el que defendió el PSC hasta hace dos días, apelando a su pedagoga de cabecera, Marta Mata. Ahora, sin que se sepa cómo ni por qué, nos encontramos a la izquierda relacionando “identidades” con naciones y ciudadanías, urdiendo argumentos con los mimbres intelectuales que nutrieron la peor historia europea. Si lo dudan, vean la entrevista de Raül Romeva, eurodiputado de ICV, en el interesante blog A Word In Your Ear.
Por lo común, cuando se grita mucho las razones escasean. Y en estos días se grita más que nunca. Pero también hay argumentos. En algún libro y en estas mismas páginas he intentado mostrar la pobreza de los fundamentos teóricos de las políticas “normalizadoras”. Ahora, por debajo de la maraña retórica, aparecen nuevas razones, menos teóricas. Apelan a la realidad, la eficacia y los consensos. No está de más evaluarlas.
La primera invoca la realidad catalana, agredida en su identidad. Dilucidar identidades no es cosa sencilla, ni siquiera cuando se trata de individuos. En el caso de las comunidades, ni les cuento. En todo caso, cualquier idea de identidad tiene que atender a lo común o, en su defecto, mayoritario. Nunca a lo extravagante o singular. La identidad de mi familia no es mi primo alto y rubio. Y los datos, tampoco esta vez, cuadran con el relato nacionalista. Según la propia Generalitat, el 55% de los catalanes tenemos como lengua materna el castellano y el 31,6% el catalán. Relean: el castellano es la lengua común y ampliamente mayoritaria de los catalanes. Ahora la pregunta: ¿quién no respeta la identidad?
La segunda apunta a la eficacia pedagógica. Se nos dice que los niños catalanes, sin escolarizarse en castellano, tienen un dominio superior de la lengua común al resto de los españoles. Si así fuera, solo caben dos posibilidades: bien los catalanes somos un portento de la naturaleza, bien la escolarización en una lengua es contraproducente para su conocimiento. Como ninguna de las dos resulta plausible, hay que dudar de las fuentes. Y, en efecto, mirados de cerca, tampoco esta vez los datos abruman. Mejor dicho, es que no hay. Ahora sabemos, por boca de Joaquim Prats, exresponsable del informe PISA en Cataluña, que “el informe se hace en catalán, (y que) por tanto, no mide la comprensión lectora en castellano”. En realidad, los escasos datos disponibles no desmienten el sentido común y, entre catalanes, muestran el mayor fracaso escolar de los castellanoparlantes, los de menos recursos, por cierto. La única prueba concluyente es la que no se hace: exponer a todos los estudiantes españoles a las mismas exigencias de competencia lingüística. Al final, con tanto ruido, nos olvidamos de lo obvio: hablar una lengua no es dominarla. Todos, incluso los analfabetos, hablamos una lengua. En la escuela se busca otra cosa, lo que los especialistas llaman Cognitive Academic Language Proficiency, competencia para entender información nueva, ajena al contexto y con un cierto grado de abstracción. Eso solo se adquiere con la escolarización, como bien sabe el presidente de la Generalitat cuando elige un colegio trilingüe para sus hijos.
La tercera invoca la cohesión. Según parece, el bilingüismo dividiría a la sociedad catalana. Un argumento pobre. Si la enseñanza en una sola lengua es garantía de cohesión, habría que escolarizar solo en castellano, la lengua mayoritaria, común y, además, de muchos emigrantes y de los vecinos “españoles”. Además, la experiencia disponible no avala la tesis fratricida. Sin ir más lejos, Finlandia, el país con mejores resultados educativos en Europa, imparte la enseñanza en dos lenguas y no parece que esté al borde de la guerra civil. Finalmente, el argumento resulta impreciso porque equipara bilingüismo a separación por lenguas, cuando no es lo mismo un sistema en donde los alumnos permanecen juntos mientras reciben enseñanza de distintas materias en las dos (o tres) lenguas oficiales que otro de doble red, el de Finlandia, en el que las distintas escuelas imparten la enseñanza en las diferentes lenguas oficiales según la elección de los padres y aprenden la otra lengua como asignatura. Esos son los sistemas que podemos encontrar en Europa. Y en el mundo, incluido Quebec. En realidad, la anomalía planetaria es Cataluña. De modo que el argumento resulta inconsecuente, falso y, en el mejor de los casos, confuso. Puestos a decirlo todo, hasta dudo de su sinceridad, de la preocupación por la paz civil por parte del nacionalismo, cuando su objetivo político es levantar fronteras y su estrategia alentar la tensión entre conciudadanos.
El último argumento apela al consenso ciudadano. Su aval: casi todos los partidos defienden la inmersión. El argumento, obviamente, no sirve para defender la propia opinión, como hacen los socialistas. La afirmación “estoy de acuerdo porque todos estamos de acuerdo” se sostiene en el aire, esto es, en ninguna parte. Bastaría con que ellos cambiaran de opinión para que “el argumento” dejara de valer. Lo mejor en estos casos es preguntar a los ciudadanos directamente. Y asómbrense, las encuestas de la Generalitat, que preguntan sobre lo humano y lo divino, jamás han mostrado interés en saber qué prefieren los ciudadanos.
Quizá la explicación del descuido hay que buscarla en los resultados de las encuestas de CSIS que, mientras se hicieron, mostraban una clara preferencia por el bilingüismo. El único pie empírico en el que se sostiene la supuesta unanimidad es “la falta de demanda social”. Una falta de demanda que se entiende bastante bien al leer la respuesta del Departament d’Ensenyament a la pregunta de en qué consistía la (posible) enseñanza en español durante la etapa de primaria, recogida en el mejor libro que conozco sobre la experiencia catalana, Sumar y no restar. Ahí va: “El profesor imparte la clase en catalán y una vez acabada la lección, se acerca al alumno en cuestión y le repite en español lo que acaba de explicar en catalán. El alumno tiene derecho a hablar en español con el profesor y a realizar los exámenes en esta lengua, pero sus libros de texto deben estar escritos en catalán y él debe permanecer siempre en la clase con los demás alumnos”. Traducido: “a ver, el valiente, un paso al frente”. Calificar este procedimiento como humillación es quedarse corto. Segregación, tampoco alcanza.
Naturalmente, la obscenidad intelectual básica radica en relacionar derechos con “número de demandantes”. Con ese argumento los negros no habrían pisado las universidades norteamericanas. Seamos claros, el argumento relevante no se puede invocar. Es de uso interno. Lo expresó impecablemente hace tres años Bernat Joan, por entonces secretario de Política Lingüística, inquieto ante la sentencia del TC: “Podría crear un alud de gente que exigiese judicialmente la escolarización en castellano o que la Administración pública les atendiese en castellano” (El punt Avui, 23-8-2009). A Joan lo que en realidad le inquietaba eran los catalanes. Pero estas cosas no se dicen en Madrid. Bueno, el otro día sí, cuando Duran i Lleida confesó su desolación en el Parlamento porque “lamentablemente la lengua mayoritaria en el patio es el castellano”. A lo que se ve, los que estorbamos en la Cataluña de los nacionalistas somos los catalanes. Que queremos un poco de aire.
(El País, 20 Diciembre 2012)
Félix Ovejero Lucas es profesor de Ética y Economía de la Universidad de Barcelona.
