En el tiempo transcurrido desde la grabación de este vídeo han tenido lugar algunos acontecimientos que hacen vislumbrar algunos cambios en la configuración de la profesión de intérprete judicial y policial en España.

Sin embargo, no hay nada completamente definido todavía. En todo este tiempo la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales  y Jurados (APTIJ) ha continuado con su intensa lucha en dos frentes principales:

1.- Denunciando públicamente las condiciones laborales que se imponen a través de las subcontrataciones de servicios de interpretación y traducción judicial y que, en última instancia, tienen repercusiones nefastas para garantizar la calidad en los procedimientos penales de carácter multicultural y multilingüístico. Prueba de ello son los siguientes comunicados, suscritos junto con otras asociaciones profesionales integradas en la red Vértice y con la Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación del Estado Español (CCDUTI):

http://www.aptij.es/index.php?l=es&s=n&c=32

http://www.aptij.es/index.php?l=es&s=n&c=33

http://www.aptij.es/index.php?l=es&s=n&c=34

2.- Trabajando en pro de una adecuada transposición de la Directiva 64/2010:

http://www.aptij.es/index.php?l=es&s=n&c=35

http://www.aptij.es/index.php?l=es&s=n&c=37

Esta actividad se ha intensificado tras la aprobación el pasado 1 de agosto del Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

(http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-114-1.PDF#page=1).

Si bien este proyecto de ley constituye un paso adelante en el proceso de transposición de la directiva, su contenido ha de ser mejorado si realmente aspira a regular la profesión para el futuro y a alcanzar las más altas cotas de calidad profesional y seguridad procesal. Las principales reivindicaciones giran en torno a:

-La necesidad de establecer un sistema de acceso al futuro Registro de Traductores e Intérpretes Judiciales mediante pruebas de certificación válidas, fiables y objetivas, única forma de garantizar los criterios de calidad previstos en la Directiva 64/2010.

-La necesidad de que la nueva ley defina claramente que sus disposiciones serán de aplicaciones tanto en diligencias judiciales como en las policiales, tal y como marca la Directiva.

-La necesidad de derogar expresamente todos los artículos de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre el nombramiento de intérpretes.

-La necesidad de eliminar la Disposición Final Segunda según la cual las medidas previstas «no podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal».

A este respecto cabe destacar el asesoramiento que APTIJ ha prestado al grupo parlamentario de la Izquierda Plural, quien ha presentado una serie de enmiendas al citado proyecto de ley (http://www.aptij.es/index.php?l=es&s=n&c=40). En la misma línea el grupo de seguimiento de la transposición de la directiva de la Red Vértice, en el que se integra APTIJ, ha traslado sus inquietudes a todos los grupos parlamentarios que integran la Comisión de Justicia del Congreso (http://www.redvertice.org/p/comunicados.html) y ha podido reunirse con representantes de algunas formaciones como CiU o PP.

Modelo_carta diputados_Vértice

Reunión_PP_comunicado

Por último, destacar el apoyo de APTIJ a los traductores e intérpretes judiciales y policiales empleados en plantilla por la propia Administración, ante la falta de concreción del proyecto ley sobre su forma de integración en el futuro Registro profesional o el respaldo jurídico de sus actuaciones profesionales en ausencia de tal integración (http://www.aptij.es/index.php?l=es&s=n&c=41).

No se puede olvidar tampoco, que en paralelo al proyecto de ley citado se está tramitando otro relativo al Estatuto de las Víctimas de Delito (http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-115-1.PDF#page=1) , donde también se hacen referencias a la traducción e interpretación. APTIJ, como socio integrante del proyecto europeo SOSVICS, también ha sido contactada por el grupo parlamentario de la Izquierda Plural, quien ha presentado enmiendas al texto que actualmente se debate en el Congreso de los Diputado.

Como puede verse, España se encuentra en un momento decisivo para dar un verdadero impulso a la profesionalización de la interpretación judicial y policial. Desde APTIJ confiamos en que nuestros representantes políticos y gobernantes estén a la altura de las circunstancias y sepan escuchar los sabios consejos que tanto los profesionales como los formadores de intérpretes, a través de nuestros órganos de representación colectiva, les hemos hecho llegar.

Juan Miguel ORTEGA es Presidente de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados de España (APTIJ).

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