La política lingüística como base de la independencia

Lengua y corrección política

Hace tan sólo dos días Miquel Roca Junyent publicó en estas mismas páginas un estupendo artículo en el que ponía de relieve el miedo a manifestarse públicamente en contra o al margen de lo políticamente correcto. Y añadía: “Mucha gente dice en privado lo que no se atreve a decir en público. Es más, mucha gente dice en público lo contrario de lo que dice en privado”. Si ello es cierto, en general, respecto a muchas materias, en Cataluña es especialmente exacto en un campo particular: en la política lingüística.

En efecto, el debate sobre esta materia está estrictamente delimitado: sólo se aceptan las voces que exigen una mayor imposición del catalán y se descalifica con todo tipo de improperios a quien se atreve a discrepar en sentido contrario. Ello genera un clima de temor generalizado que permite a las autoridades ir tomando medidas sin que en la opinión pública tenga lugar, previamente, discusión alguna. En todo caso, lo políticamente correcto consiste en decir que hay un gran acuerdo social en esta materia y que las críticas no son otra cosa que intentos de crear problemas donde no los hay. Ciertamente, alguna razón hay en ello pero, como solía decir un amigo mío respecto a otras cuestiones, la razón que hay es poca y, además, no es aplicable a este caso.

En efecto, la convivencia en nuestra sociedad entre personas que preferentemente hablan en castellano y las que lo hacen en catalán es modélica. Puede haber algunos casos de intolerancia, tanto por una como por otra parte, pero se trata de raras excepciones que no hacen otra cosa que confirmar la regla. En una tienda, un bar o una oficina pública, unos hablan con total libertad en catalán y otros responden con la misma libertad en castellano, o viceversa, y nadie se enfada, como es natural y propio de personas civilizadas y bien educadas. Todo ello viene facilitado por el hecho de que se trata de dos lenguas muy parecidas cuyo conocimiento es común a la mayoría de los ciudadanos: un reciente estudio muestra que en la región metropolitana de Barcelona el 90% de los ciudadanos entienden y hablan catalán y castellano. Por tanto, en la sociedad, es decir, en las relaciones entre ciudadanos particulares, el bilingüismo es usual.

Otra cosa, sin embargo, sucede en la esfera pública, en las relaciones entre poderes públicos y ciudadanos. Alegando el hecho cierto de que el catalán es una lengua minoritaria en el mundo y que el castellano es todo lo contrario, en Cataluña se fue creando en tiempos de CiU una legislación y una práctica en las instituciones políticas que casi ha eliminado el castellano de la vida pública, incluida la enseñanza primaria y secundaria. Con el nuevo gobierno tripartito, la política lingüística anterior de imposición del catalán en la esfera pública no se ha modificado y, además, se comienza a regular el comportamiento lingüístico de los ciudadanos en el ámbito privado: en especial, en las actividades empresariales y en las relaciones entre comerciantes y consumidores. Veamos.

Por un lado, a fines de año se promulgó un decreto en el que se exige a los proveedores de la Generalitat – los cuales facturarán este año 8.550 millones de euros, cerca de un billón y medio de pesetas – a etiquetar en catalán. Por el otro, en el proyecto de nuevo estatuto que elabora la ponencia parlamentaria, parece que hay acuerdo en obligar a etiquetar en catalán todos los productos no sólo fabricados sino también distribuidos en Cataluña.

Analizar la racionalidad de estas medidas nos llevaría a hacer consideraciones de distinto género: desde la legitimidad de los poderes públicos para regular ciertos ámbitos privados hasta el coste económico de tales medidas y la repercusión que ello tendría en la economía catalana y, por tanto, en el empleo y en el bienestar de los ciudadanos, pasando por la compatibilidad de todo ello con un mundo diverso y globalizado. ¿Deberá exigir un importador de productos de Extremo Oriente que éstos ya vengan etiquetados en catalán o una vez ya importados deberá efectuar los gastos adicionales correspondientes para cumplir con la normativa de la Generalitat? ¿Cómo repercutirá todo ello en el coste de la vida y en el ya excesivo diferencial de inflación de Cataluña respecto al resto de España? Más allá de los dogmas fundamentalistas identitarios, a estas preguntas deberían responder nuestros políticos si los controladores de la corrección política no lo impidieran.

Con todo ello, quizás estamos construyendo una sociedad que tiende a una cierta esquizofrenia: a un lado, los ciudadanos en sus relaciones lingüísticas privadas solucionan fácilmente y con naturalidad sus problemas de comunicación mediante el libre acuerdo; y, al otro lado, los poderes públicos están creando un sistema legal para que no sólo en la vida pública sino también, cada vez más, en las actividades privadas, se actúe de una manera muy distinta. ¿No hay algo de irrazonable en todo ello? Sobre todo si tenemos en cuenta que cada año aparecen datos estadísticos que muestran cómo decrece el uso social del catalán. ¿No será que la tendencia a imponer coactivamente una lengua es equivocada y resultaría mucho más provechoso para la salud del catalán dejar que aquello que es real en la calle – es decir, la libre opción lingüística – lo fuera también en las instituciones y en la normativa sobre el uso de la lengua?

Pero de todo ésto no se habla en público: la corrección política catalana lo impide.

Francesc de Carreras

Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

(La Vanguardia, 20-I-2005)

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